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El derecho al olvido: ¿se puede salir del todo de Internet?
Es casi literalmente imposible desaparecer por completo de los servidores del buscador si se han utilizado en el pasado sus servicios de manera habitual.
Una persona a quien se juzga o se multa en un momento dado genera una información asociada a este hecho que, según la relevancia alcanzada, puede publicarse en medios de comunicación, junto con los boletines oficiales correspondientes. El problema viene cuando estos datos permanecen asociados al nombre de la persona a lo largo del tiempo y aparecen al realizar una simple búsqueda de su nombre en Internet. El denominado derecho al olvido busca evitar estas situaciones. La Unión Europea ya ha desarrollado una norma al respecto, que se espera esté activa en 2014.
La agencia francesa de protección de datos -CNIL- ha remitido un cuestionario a Google en el que solicita respuestas "detalladas" respecto a su nueva política de privacidad. Este documento cuestiona al buscador respecto a diversos aspectos de su nueva política y, en particular, pregunta por la frase de sus condiciones en la que asegura que "es posible que no se eliminen los datos almacenados en sistemas de seguridad cuando el usuario solicite que se eliminen dichos datos".
En otras palabras, es casi literalmente imposible desaparecer por completo de los servidores del buscador si se han utilizado en el pasado sus servicios de manera habitual. En 2011, Google ya tuvo un pleito con la Agencia Española de Protección de Datos a cuenta de las denuncias de diversos ciudadanos que pidieron que el buscador no mostrara referencias a ellos y hechos relacionados con su pasado. El buscador consideró las denuncias una forma de censura y adujo que no podía evitar las búsquedas de datos alojados en otros servidores, por lo que el caso acabó en los tribunales, en espera de resolución.
Un problema de enfoques
El conflicto radica en que estas personas consideran que se les perjudica cuando una noticia o un documento oficial relacionados con su vida pasada, ya sea el BOE o los datos sobre una sentencia ya cumplida, siguen presentes en Internet, aunque sus circunstancias hayan cambiado. Es decir, se hace referencia a un momento de su vida pasada, que puede afectar a su vida en el presente y en el futuro. Por tanto, estas personas solicitan la retirada del enlace.
La Agencia de Protección de Datos tiene un enfoque distinto del problema: afirma que estos datos no pueden borrarse de las fuentes donde se encuentran, como la hemeroteca de un periódico o un organismo oficial, ya que se altera el historial de estas fuentes y, en algunos casos, se atenta contra la libertad de expresión. Según la Agencia, deben ser los buscadores, como Google, los que dejen de recopilar esos enlaces, ya que son los responsables de que estos documentos sean accesibles de forma rápida y sencilla a lo largo del tiempo.
La Agencia considera que los motores de búsquedas no son una actividad amparada por la libertad de expresión y que, por tanto, deben atender a estas reclamaciones de cancelación y oposición de datos personales por parte de los usuarios. De igual forma, las informaciones públicas sobre ciudadanos anónimos que no tengan relevancia, y su disponibilidad en Internet, pueden complicar la vida a quienes quieran pasar página de un suceso puntual ocurrido en el pasado.
Sin embargo, Google defiende la postura de que su trabajo consiste en indexar todos los documentos de la Red y presentarlos. Por tanto, la fuente original deberá retirar o bloquear el acceso al contenido mediante el uso de mecanismos como el fichero "robots.txt". Este fichero, aceptado por los principales buscadores, permite determinar qué directorios y páginas web pueden indexarse por los buscadores y cuáles no al rastrear una página.
La UE quiere regular el derecho al olvido
Mientras este caso se resuelve en los tribunales, en un debate entre la libertad de expresión frente a la privacidad de las personas, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta legislativa referente a la protección de datos de los ciudadanos europeos. Esta nueva legislación pretende resolver las situaciones que se dan en el entorno digital respecto al almacenamiento de datos personales por parte de las empresas, como poder exigir que cuando un usuario abandone una red social, todos los datos se borren de forma completa, algo que hoy en día pocas plataformas sociales permiten.
Además, según la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, también se presentará una propuesta para exigir a las redes sociales que la configuración de las mismas garantice un nivel de privacidad por defecto, de forma que los datos de los usuarios no puedan utilizarse para otros fines si estos no han dado su consentimiento expreso y explícito. De esta manera, los usuarios tendrían control sobre qué datos personales hay en estas redes y cuáles pueden utilizarse por terceros para otros fines.
Derecho al olvido en Facebook
Junto con Google, otra de las empresas que consideran un error este tipo de legislación es Facebook, con más de 840 millones de usuarios. La popular red social también es objeto de polémica y quejas por su dificultad para aplicar el total derecho al olvido de sus usuarios.
Sin embargo, sus representantes dudan de que tal derecho sea el deseo de la mayoría de las personas que participan en la red. Según declaraba hace un año el responsable de privacidad de Facebook en Europa, Richard Allan, la creación de una ley genérica para regular casos concretos es un error. Allan aduce que este tipo de legislaciones se desarrollan a partir de denuncias concretas de usuarios y no porque sean una necesidad común de todos ellos. Para él, lo que realmente preocupa a los internautas es que "sus datos personales y fotografías se mantengan, en lugar de ser eliminados".
Tanto buscadores como servicios y plataformas con base social destacan que les sería imposible optimizar su servicio al consumidor si no retuvieran de él una serie de datos sensibles. Tengan o no razón, la norma que resulte deberá ponderar ante todo los intereses del ciudadano, tanto en intimidad como en eficacia en los servicios que contrata.
La propuesta de la Unión Europea
En enero de este año, la Unión Europea comunicó que tenía elaborada su propuesta sobre la privacidad en el medio digital y el derecho al olvido, que entraría en vigor en la primavera de 2014. La misma se articula sobre cinco grandes puntos:
Cualquier usuario podrá pedir a cualquier compañía el borrado total de sus datos si no hay razones legítimas para retenerlos.
El consentimiento para que los datos propios se procesen tendra que darlo de forma explícita el usuario, a sabiendas de lo que se concede.
El dueño de los datos podrá llevárselos fácilmente, del mismo modo en que ahora se realizan las portabilidades de los teléfonos móviles.
Las empresas y organizaciones que almacenen datos estarán obligadas a tener un responsable de tratamiento de datos que vele por la seguridad y gestión de estos.
Las empresas deberán informar en 24 horas de cualquier violación grave de la seguridad en los servidores donde se almacenen los datos, tanto a las autoridades reguladoras nacionales como a los dueños de los datos.
Esta normativa no solo será extensiva a las empresas de la Unión Europea, sino que también afectará a las externas al ámbito comunitario. Además, la normativa prevé duras penas para los infractores, con multas de hasta un millón de euros y el 2% de la facturación de la empresa, en el caso de las faltas más graves.
Escobar LA REVISTA Digital
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